“Me corresponde asumir esta presidencia en momentos en que nuestro país atraviesa por un proceso de grandes cambios sociales y estructurales, del cual no nos podemos abstraer. En efecto, en este contexto es necesario participar como institución, planteando que se mantengan en la institucionalidad los valores que caracterizan a la judicatura, entre estos, la autonomía, independencia, imparcialidad e integridad de los jueces”, dijo la nueva autoridad en su discurso de asunción.
El ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar asumió como presidente de la Corte Suprema para el bienio 2021-2022 en reemplazo del ministro Guillermo Silva Gundelach quien ejerció en el cargo en los últimos dos años, en una simbólica y solemne ceremonia que se realizó de manera híbrida (de manera presencial y telemática).
A la ceremonia en el Salón de Honor del asistieron además de varios de los ministros del máximo tribunal, la presidenta del Senado, Ximena Rincón; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero; el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa; el Defensor Nacional, Carlos Mora; el Fiscal Nacional (s) Xavier Armendáriz y el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio.
De manera remota se conectaron otras autoridades del sector justicia como el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco; la Defensora Nacional de la Niñez, Patricia Muñoz, entre otras autoridades
El nuevo presidente de la Corte Suprema agradeció el nombramiento realizado por sus pares y destacó la labor de su antecesor, Guillermo Silva Gundelach, al enfrentar los desafíos derivados de la pandemia.
“Me corresponde asumir esta presidencia en momentos en que nuestro país atraviesa por un proceso de grandes cambios sociales y estructurales, del cual no nos podemos abstraer. En efecto, en este contexto es necesario participar como institución, planteando que se mantengan en la institucionalidad los valores que caracterizan a la judicatura, entre estos, la autonomía, independencia, imparcialidad e integridad de los jueces; el respeto por la legalidad, las garantías y derechos de todas las personas y el debido proceso, principios todos que como garantía de un estado de derecho deben estar siempre presentes en una sociedad moderna y democrática, con los que el Poder Judicial tiene un claro e irrestricto compromiso”, dijo el nuevo presidente.
Agregó que “no puedo dejar de referirme al proceso que se está llevando a cabo por la Convención Constitucional, que posiblemente termine generando un nuevo texto jurídico político que regirá por las próximas décadas en nuestro país. El Poder Judicial está abierto a la reflexión y a la entrega de información y antecedentes a dicha instancia, con el fin de colaborar en su tarea y con pleno respeto a su autonomía, estando prestos a seguir contribuyendo con nuestra experiencia y conocimiento profesional y técnico, en el caso que lo estimen necesario, y en la oportunidad que así lo requieran los constituyentes, sin desconocer que cómo jueces tenemos el deber de respetar el ordenamiento jurídico vigente y bregar por el reconocimiento de los principios que son inherentes a la judicatura”.
También agradeció “a todos y todas quienes laboran en nuestra institución, son ustedes una pieza vital para el buen servicio judicial y a su respecto estará volcada gran parte de mi atención, pues desde el reconocimiento de la labor de quienes hacen posible la administración de justicia, podemos cimentar la mejora de nuestras actividades, con una visión centrada en el servicio prestado a la comunidad”.
Ministro Silva
Por su parte el presidente saliente, Guillermo Silva, señaló en su discurso de despedida que “si bien durante la presidencia anterior ya se había debido enfrentar los efectos asociados al estallido social, durante estos dos años fuimos transitando hacia un camino en que aun estando pendientes secuelas dolorosas para muchos chilenos –y que persisten hasta hoy- hizo posible que estemos en pleno proceso de generación de una nueva posible nueva Carta Constitucional. Creo que la demostración dada por este Poder del Estado de su pleno rol durante las complejas movilizaciones sociales y su reacción para mantener el servicio judicial, nos permiten asegurar, sin caer en la auto complacencia, que hemos podido responder a los desafíos que nos ha impuesto el destino. Y una señal clara de confianza institucional se dio, a mi juicio, con el papel entregado a la Corte Suprema para dirimir los eventuales conflictos procedimentales que podrían suscitarse en la Convención Constitucional. Afortunadamente no ha sido necesario el uso de este procedimiento, pero en caso que se requiera, contamos con los medios apropiados, descrito en el respectivo auto acordado, y sabremos ejercer correctamente el rol de resolver el asunto que se someta a nuestro conocimiento”.
Asimismso recordó que “fieles al respeto de la autonomía del órgano a cargo de redactar la propuesta constitucional, y conscientes del papel que nuestra institución ha tenido y tiene en nuestra historia republicana, hicimos el ejercicio de reflexionar sobre los aspectos más importantes asociados a la jurisdicción que podrían ser objeto de regulación en dicho proceso, cuyas conclusiones fueron puestas a disposición del constituyente, manteniendo la disposición permanente para aportar en todo aquello que sea pertinente para el mejor trabajo de esa entidad”.
“Estos hitos que me permito mencionar, no sólo han implicado un intenso trabajo interno. También han ido de la mano de un despliegue interinstitucional importante, que han derivado en la generación de coordinaciones para adoptar criterios de actuación que, respetando los ámbitos de autonomía de cada entidad, han permitido actuar de manera más sincronizada, pensando siempre en el mejor servicio a las personas. También esas instancias han dado lugar a reformas legales, como la relativa al cobro de deudas alimenticias que ya señalé, o como la normativa legal relativa a la realización de audiencias remotas y semipresenciales durante el período post-pandemia que ya se encuentra en vigencia”, dijo Silva.
Chillanejo, de la U de Concepción, juez y académico
El nuevo presidente de la Corte Suprema nació el 24 de octubre de 1949 en Chillán y realizó sus estudios primarios y secundarios en la actual capital de la región de Ñuble, casado y padre de 3 hijos.
El ministro Fuentes Belmar es abogado de la Universidad de Concepción e inició su carrera judicial en agosto de 1974 como secretario del Juzgado de Letras de Yungay y en 1975 asumió como juez titular de ese mismo tribunal.
En 1978 asumió como juez titular del Segundo Juzgado de Letras de San Carlos y en 1982 fue nombrado relator de la Corte de Apelaciones de Talca. Su carrera continuó como juez del Primer Juzgado del Crimen de Valdivia en el año 1983.
En 1990 fue nombrado como ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal de alzada del que fue presidente tres veces en los años judiciales 1990, 1994 y 1997.
En el año 2000 fue nombrado como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que presidió en el año 2001 y en el año 2002 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal del que fue presidente en el año 2011.
En noviembre de 2011 juró como ministro de la Corte Suprema en reemplazo de la ministra Margarita Herreros Martínez.
Además de su carrera judicial, el ministro Fuentes Belmar ha desarrollado una destacada labor docente en las universidades Austral de Valdivia; de Tarapacá; Bolivariana; Mariano Egaña; la Uniacc; Pedro de Valdivia y Mayor. Asimismo, ha sido docente de la Policía de Investigaciones, de la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, y monitor de la Academia Judicial.
En 2005, fue encargado por la Corte Suprema de la investigación de una serie de causas por violaciones a los derechos humanos, ocurridas entre 1973 y 1990.
En la Corte Suprema asumió -desde su ingreso- como miembro titular de la Primera Sala del máximo tribunal y del Comité de Personas. Asimismo ha sido integrante titular del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en los bienios 2012-2013 y 2020-2021 y suplentes en los bienios 2016-2017 y 2018-2019.
Además ha sido miembro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en los cuadrienios 2012-2016; 2016-2020 y 2020-2024.
