El Segundo Tribunal Ambiental llevó a cabo audiencia en revisión de la medida cautelar a través de la cual ordenó paralizar toda actividad de construcción dentro del polígono del humedal urbano Estuario Los Molles, cuya área se encuentra actualmente en discusión ante el Tribunal.
El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente (s), Daniella Sfeir y Cristián López. Los alegatos estuvieron a cargo de los abogados Felipe Holmes, en representación de RD Constructora S.A., tercero independiente; Marcelo Poblete, en representación de los reclamantes; Cristián Tapia, en representación de Francisco Morel, tercero coadyuvante del reclamante; Osvaldo Solís del Consejo de Defensa del Estado por en Ministerio del Medio Ambiente; y Sebastián Cano, por Inmobiliaria Lilén S.A.
La revisión de la medida cautelar fue solicitada por la Sociedad RD Constructora S.A., quien se hizo parte de las reclamaciones como tercero independiente. En términos generales, sostiene que la resolución dictada por el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra debidamente fundada, y que no se cumple con los requisitos legales para otorgar una medida cautelar en materia ambiental, a saber: (i) verosimilitud de la pretensión invocada, (ii) necesidad de tutela y (iii) antecedentes que constituyan, a lo menos, presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos denunciados; y iv) inminencia de un perjuicio irreparable
“En el caso de autos, como se acreditará, los reclamantes no han acreditado la verosimilitud de la pretensión invocada, así como tampoco han acompañado antecedentes que constituyan, a lo menos, presunción grave de los hechos denunciados”, sostiene la empresa.
La empresa solicita se deje sin efecto la medida cautelar innovativa, decretando su alzamiento. En subsidio, pide al Tribunal “, fijar caución suficiente a los reclamantes de autos para responder de los costos que genera la paralización del proyecto “Paseo Costanera Los Molles” a RD Constructora, la que asciende, según sus estimaciones, a $662.116.568.
Cabe recordar que a comienzos de febrero el Tribunal ordenó paralizar toda actividad de construcción dentro del polígono del humedal que se encuentra controvertido en el marco de dos reclamaciones presentadas en contra de la decisión del Ministerio del Medio Ambiente mediante la cual reconoció como humedal urbano al citado estuario y definió sus límites Dicha medida fue solicitada por un grupo de vecinos de la Ligua, integrantes del Movimiento Ciudadano Cabildo Abierto Los Molles.
En efecto, mediante resolución de 27 de enero de 2022, el Tribunal señaló que: ““en el polígono objeto de la controversia, correspondiente a 16,4 hectáreas, los proyectos inmobiliarios indicados pueden amenazar la eficacia de lo que en definitiva resuelva este Tribunal. Así, de concretarse los mismos sin tener claridad respecto al área definitiva del humedal a proteger y, en consecuencia, del alcance de la declaratoria y los efectos que ella genera en la actividad inmobiliaria, existe un riesgo inminente de que se genere un perjuicio -eventualmente irreparable- en la estructura y función ecosistémica del humedal, particularmente sobre su biodiversidad, variedad de hábitats, conectividad hidrológica y servicios ecosistémicos, que es justamente aquello que se protege mediante la declaratoria aludida”.
