La instancia fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, recibió la exposición de la Directora Ejecutiva de la Fundación Terram. También, del Director del Proyecto Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático y el Abogado de la institución.
La comisión investigadora sobre la alerta de emergencia ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví comenzará este 21 de noviembre con la discusión y votación de sus conclusiones que pasarán a consideración de la Sala.
La instancia fiscalizadora pretende reunir antecedentes relativos al monitoreo y control de las emisiones que motivaron la alerta de emergencia ambiental frente al aumento en las concentraciones de azufre.
En su jornada de trabajo, los parlamentarios recibieron, en primera instancia, a la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona. Señaló que consideran que es urgente sacar a la bahía de Quintero de esta condición. “Se requiere de un plan de trabajo con objetivos claros, acciones concretas, indicadores y presupuesto adecuado”, planteó.
Precisó que, en el año 2018, publicaron un documento denominado “La negligente realidad de la Bahía de Quintero”. Este resume la situación que ocurre en la zona desde una perspectiva más integral. Relató que allí “se elaboró un mapa donde se identifican las escuelas que han sido objeto de contaminación, donde se emplazan las empresas en la bahía”.
Remarcó que han estado presente en Puchuncaví y Quintero desde hace más de 12 años, tratando de apoyar a la comunidad. Asimismo, promoviendo que se generen nuevas políticas públicas para que se mejore su situación.
Problemas normativos
También expuso el abogado de la Fundación Terram, Cristian Paredes. Presentó los argumentos técnicos, científicos y normativos relacionados con los eventos de contaminación en la bahía de Quintero.
Informó que existen estudios científico recientes que alertan sobre los riegos significativos para adultos mayores residentes en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Así, estos advierten sobre la potencial falla en uno de los genes supresores de tumores cancerígenos.
Lamentó, sin embargo, que “no existe un catastro público donde las personas puedan acceder de forma pública a estos estudios”.
Paredes indicó que han seleccionado diez problemas normativos con directa incidencia en la contaminación de la bahía. Detalló, entre algunos aspectos, el retraso de rediseño y modernización de la red de monitoreo de la calidad del aire para Concón, Quintero y Puchuncaví. Esto, de acuerdo a los términos establecidos en los Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica.
Otra dificultad radica en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, respecto de 754 hectáreas disponibles para la instalación de industrias peligrosas en la bahía de Quintero.
A lo anterior se suman problemas en la implementación del programa para la recuperación ambiental y social de Quintero- Puchuncaví y el seguimiento de este. Igualmente, la deficiencia e insuficiencia del régimen penal ambiental chileno para dar respuestas a episodios de gran contaminación y daño ambiental
Finalmente, expuso el director del Proyecto Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático, Rodrigo Herrera. Informó sobre un proyecto que están realizando en la Bahía de Quintero. Explicó que este se enfoca en el desarrollo de futuras políticas públicas y normativas que incorporen conceptos de justicia ambiental. También, vinculado a los derechos humanos y el cambio climático.
Fuente: Cámara de Diputados y Diputadas
