Nuevas irregularidades en la gestión judicial de la Municipalidad de La Ligua fueron evidenciadas por el Concejal Mauricio Díaz Cancino durante la última sesión del mes de mayo del Concejo Municipal, sumándose a los cuestionamientos previos que surgieron tras los fallos de la Corte Suprema que obligaron al reintegro de, al menos, dos funcionarias despedidas en diciembre de 2024.
Los dichos de la autoridad comunal habían pasado desapercibidas para la opinión pública, hasta que el medio La Voz Regional reflotó la intervención del edil Díaz donde este da conocer que existen dos demandas laborales, actualmente en tramitación en el Juzgado de Letras de La Ligua, presentadas por ex guardias municipales que acusan despidos injustificados. Según Díaz, en ambas causas la Municipalidad —en calidad de demandada— no se presentó a las audiencias preparatorias de juicio, perdiendo así la oportunidad de contestar las demandas y de buscar una conciliación con los ex funcionarios.
Una de estas causas, según detalló el concejal, ya tiene una propuesta de conciliación judicial que alcanza los $18.743.745 por concepto de indemnización para uno de los ex guardias despedidos.
“Ha existido una falta de prolijidad evidente por parte del equipo jurídico en su deber de defender los intereses comunales, particularmente de resguardar el patrimonio comunal que es de todos los liguanos y liguanas”, expresó Díaz con preocupación.
El concejal fue enfático en calificar lo ocurrido como “un fracaso en la gestión de Recursos Humanos de esta Municipalidad y un negligente trabajo en la defensa judicial del Municipio”, advirtiendo que esta situación podría traducirse en importantes pérdidas económicas para las arcas municipales debido al eventual pago de indemnizaciones.
En este contexto, solicitó formalmente un informe detallado de todas las causas judiciales en las que la Municipalidad de La Ligua participe, tanto como demandante como demandada, con el objetivo de transparentar la situación y tomar medidas correctivas.
La denuncia abre una nueva arista en la creciente preocupación por la administración legal y laboral del municipio, y genera expectativas sobre una eventual revisión del trabajo del equipo jurídico que representa a la comuna.
