A través del oficio N° E60804/2025, la Contraloría Regional de Valparaíso instruyó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Papudo a adoptar medidas conforme a la normativa vigente, tras acoger una denuncia ciudadana por un eventual conflicto de interés y diversas irregularidades detectadas en la tramitación del proyecto habitacional “Condominio Los Divisaderos”.
La denuncia, presentada por el concejal Daniel Muñoz Navarro y la ex edil Margarita Sandoval Carrasco, apuntaba a una posible incompatibilidad ética por parte de un funcionario de la DOM vinculado al anteproyecto del condominio, aprobado mediante la resolución DOM N°10 de noviembre de 2022. Se trata de un complejo habitacional de 115 viviendas y más de 200 estacionamientos, emplazado en un área donde, desde mayo de 2023, rige una modificación del Plan Regulador que prohíbe la expansión urbana.
Según el informe de Contraloría, aunque no se acreditó la participación directa del funcionario Cristóbal Clavijo Vita en la revisión del anteproyecto ni del permiso de edificación, sí se constató que mantiene una relación societaria con el arquitecto revisor independiente del proyecto, lo que podría configurar una situación de potencial conflicto de interés. No obstante, el profesional notificó oportunamente de dicha relación al Director de Obras, quien lo excluyó del proceso.
Asimismo, la Contraloría evidenció una serie de falencias en el procedimiento de tramitación del permiso de edificación. Pese a haber transcurrido más de 16 meses desde su ingreso, la DOM aún no se ha pronunciado formalmente sobre la solicitud. A esto se suma que el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), requisito clave para autorizar este tipo de proyectos, fue rechazado en dos oportunidades por la Seremi de Transportes de Valparaíso.
La entidad fiscalizadora concluyó que el Director de Obras Municipales no ha actuado conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), al no emitir la correspondiente Acta de Observaciones ni rechazar la solicitud de permiso pese a las deficiencias detectadas.
Ante esto, la Contraloría ordenó a la DOM pronunciarse formalmente sobre la solicitud y comunicar su resolución a más tardar dentro de 20 días hábiles, contados desde la recepción del oficio. Además, recordó la obligación de respetar los principios de probidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, evitando cualquier situación que pueda comprometer la transparencia de los procesos administrativos.
El dictamen, firmado electrónicamente por la contralora regional María Soledad Pérez Reinoso, refuerza la necesidad de un actuar diligente y conforme a derecho por parte de los funcionarios municipales, especialmente frente a proyectos de alto impacto territorial como el “Condominio Los Divisaderos”.
