Jorge Abbott designó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo de la indagatoria. El Informa de la Unidad Anticorrupción concluye que los últimos hechos revelados no han formado parte de alguna investigación penal anterior
Fiscalía Nacional
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, determinó iniciar una investigación penal de oficio por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de Minera Dominga, que involucrarían al Presidente Sebastián Piñera y al empresario Carlos Alberto Délano. En una Resolución emitida hoy, Abbott designó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que lleve adelante la indagatoria.
La decisión se fundó en las recomendaciones del informe evacuado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), la que analizó los antecedentes revelados por la investigación periodística internacional, Pandora Papers, sobre el contrato de compraventa de Minera Dominga, realizado en un paraíso fiscal, a fines de 2010. De acuerdo al documento en inglés suscrito por las partes, el pago de la última cuota por US$ 10 millones fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto.
UNAC tuvo, asimismo, en consideración la investigación penal desformalizada, conocida como Exalmar-Dominga, sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada, de la que el Presidente Piñera fue sobreseído; la querella y ampliación de la misma presentada por el diputado Hugo Gutiérrez; el escrito fundado de la defesa a cargo de Juan Domingo Acosta; la audiencia de sobreseimiento en el 4° Juzgado de Garantía, y las decisiones de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.
La Resolución firmada por el Fiscal Nacional sostiene que la opinión técnica-jurídica de UNAC concluye que los hechos revelados en los Pandora Papers no están comprendidos entre los que fueron investigados y sobreseídos en Exalmar-Dominga, ya que apuntan a la venta en un paraíso fiscal de un proyecto minero vinculado a las empresas del Presidente, con una condición de pago vinculada a la institucionalidad ambiental.
“Respecto a la circunstancia que los hechos difundidos por los medios de comunicación pudieran revestir caracteres de delito, en un análisis preliminar vinculado únicamente a la apertura de una investigación penal, se concluye que los mismos eventualmente podrían configurar los delitos de cohecho -contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal-, soborno en el caso de particulares -tipificado en el artículo 250 del mismo cuerpo legal- y delitos tributarios”, agrega la Resolución.
La designación de Claudia Perivancich se basa en el artículo 19 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que señala que “el Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación”.
