Ordenanza reactivará la economía local otorgando de manera expedita patentes comerciales provisorias a nuevos negocios, mientras que la otra regularizará ingresos del Municipio
Precisamente en el Aniversario N°89 de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quilpué, el Concejo Municipal aprobó este martes dos ordenanzas municipales que repercutirán de manera positiva en la reactivación económica de la comuna mediante “patentes provisorias” con el fin de flexibilizar plazos y seguir apoyando el comercio local, además, de actualizar acorde a una visión de Municipio Abierto la Ordenanza de Derechos que norma los ingresos financieros que percibe hoy en día la Municipalidad de Quilpué.
“Con esta ordenanza lo que nos faculta la Ley es permitir que los contribuyentes puedan iniciar sus actividades sin perjuicio de no tener todos los permisos que las autoridades exigen. De esa manera, se le otorga un plazo al contribuyente para que pueda regularizar su situación y, en el evento que dentro de ese plazo especial se cumpla, se le otorga una patente definitiva, y con eso puede ir funcionando en el intertanto, pues debemos recordar que para el otorgamiento de una patente definitiva se requieren de una serie de antecedentes y trámites que pueden tomar un largo tiempo”, explicó Xavier Palominos, Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quilpué.
Durante la votación que resultó con la aprobación unánime, concejales celebraron a nivel transversal la iniciativa, mientras que la Alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, reiteró que “nos encontramos en un punto álgido para la economía local y nacional, y es muy importante facilitar la reactivación económica, sobre todo a aquellos emprendedores y MIPYMES que no ponen solamente su dinero, sino que también su sueños y esperanzas”.
“Me alegro porque esta es una forma de sacar la burocracia y poder reactivar el comercio detallista”, dijo la edil Mónica Neira (RN). Su par Carolina Contreras (IND-RD) detalló que existen criterios diferenciados. “Desde que se pide la patente va a haber un plazo de seis meses para que las personas puedan cumplir con las autorizaciones sanitarias, para que así puedan funcionar de forma debida sin significar un riesgo a la salud de la población”, puntualizó, al mismo tiempo que para rubros sin manipulación de alimento el plazo máximo para finalizar sus trámites será de un año.
NUEVA ORDENANZA DE DERECHOS CON SELLO VERDE
Los concejales también revisaron y votaron los cobros que realizan las reparticiones municipales, aprobándose de manera unánime una amplia y nueva Ordenanza de Derechos Municipales, la cual no se actualizaba desde el 2019. “Quisimos poner un énfasis especial en que esta ordenanza fuera orientada a promover la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente”, afirmó la alcaldesa Melipillán, agregando que “en vías de proteger nuestros humedales urbanos se suben los precios de extracción artesanal e industrial de áridos en los bienes de uso público y se prohíbe durante el año 2022 la extracción de áridos desde los bienes de uso públicos en riberas o esteros de la comuna”.
La presidenta de la comisión de medio ambiente, concejala Paula Castro (IND-CS), expresó durante la sesión que el análisis de la ordenanza “nos permitió ver con preocupación la normalización de extracción de áridos y la disposición de agua para piscinas”, pudiéndose detectar a tiempo, así como también la nivelación de valores “poco equitativos” de otros cobros municipales que se realizaban.
En materia deportiva y con el objetivo de fomentar el acceso a recintos deportivos municipales, se rebajaron en un 50% los valores de acceso a canchas municipales, además de rebajar las actividades artístico culturales abiertas a la comunidad de carácter gratuito por jornada de 8 horas pasando de 3 a 2 UTM. También, se estableció una serie de beneficios y de exenciones en el cobro a organizaciones sociales con certificado de vigencia actualizado y sin fines de lucro. Y, en relación al comercio local, se mantuvieron los cobros con la finalidad de elaborar una política a futuro que se manifieste de manera coherente y equitativa entre los distintos actores sociales que utilizan el “bien nacional de uso público”.
