La organización medioambiental Protege Los Molles presento un requerimiento judicial debido a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades de la zona en la defensa de la localidad costera de Los Molles, comuna de La Ligua. Entre los querellados también se encuentra el ex alcalde Rodrigo Sánchez y el Contralor General de la República.
El pasado 6 de noviembre fue ingresada al sistema del Poder Judicial una Querella contra un número importe de autoridades de gobierno, tanto locales, regionales y nacionales, donde incluso figura un uniformado de la Armada. La acción legal busca establecer las presuntas responsabilidades de los personeros en la situación de deterioro medioambiental que viene viviendo hace años la localidad de Los Molles, en la costa de la comuna de La Ligua, donde se ha intervenido zonas catalogadas como humedales, construido edificios y perjudicado la distribución de agua potable a los residentes habituales del lugar.
La querella apunta contra el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; Luis Soto, Delegado Presidencial Provincial de Petorca; Patricio Pallares Valenzuela, actual Alcalde de La comuna de La Ligua; Gabriel Núñez Méndez, Capitán de Puerto de Quintero; de los Concejales de La Ligua Andrés Soza, Blanca Rojas, Erwin Olmos, Oscar Belmar, Juan Yañez y Mauricio Díaz.
Junto a ellos fueron querellados el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el ex alcalde de La Ligua Rodrigo Sánchez; los ex concejales de la comuna Ana Ardiles, Hugo Tapia y Francisco Maureira; el director de obras del municipio liguano, Alfredo Hoffstadt Urrutia; Andrés Obrecht Gomez, en su calidad de representante legal de la Inmobiliaria Lilen S.A; así como también “en contra de todos de aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de asociación ilícita” según indica el texto de la querella.
De acuerdo al documento ingresado a los tribunales, “los querellados de manera concertada” habrían desplegado “conductas y omisiones, que revisten el carácter de delitos”.
La agrupación “Protege Los Molles” había dado a conocer en sus redes sociales la presentación de la querella, indicando que luego de “de años de denunciar la usurpación y el daño de la Playa y Humedal Estuario de Los Molles, hemos llegado al convencimiento que acá hay delitos graves de parte de privados y que existe la complicidad y omisión de autoridades y organismos del Estado, que han permitido entre otras cosas la apropiación de Bienes Públicos y Naturales de alta importancia para la Región de Valparaíso”.
Desde la organización medioambiental sostuvieron que se decidió recurrir a dicho recurso judicial esperando “que llegue la verdad y justicia a nuestro territorio, para proteger y reivindicar los bienes públicos y naturales de la Localidad de Los Molles, y finalmente recuperar nuestra Playa y Humedal Estuario”, se leí en la publicación hecha el día domingo 6 de noviembre.
El documento de la querella indica que el Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tendría “responsabilidad en calidad autor según artículo 15 N° 3 del Código Penal” ya que a la autoridad “le asisten deberes legales que cumplir, como adoptar medidas tendientes a evitar la comisión de los delitos denunciados y a su vez al estar en presencia de delitos de carácter consumados, le asiste la obligación legal de denunciar en el plazo de 24 horas, una vez tomado conocimiento de aquello”. Además acusan que Mundaca “utilizo como insumo de campaña política para llegar al cargo de Gobernador, los hechos denunciados, pese a ello no ha ejecutado las medidas tendientes a enmendarlos ni a promover la persecución penal de los mismos”.
En tanto a Luis Soto, quien desde el 11 de marzo es el Delegado Presidencial de Petorca, “le cabe responsabilidad por omisión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Código Penal” y “responsabilidad en calidad autor según artículo 15 N° 3 del Código Penal” debido a que en “su calidad de autoridad le asisten deberes legales que cumplir, como adoptar medidas tendientes a evitar la comisión de los delitos denunciados y a su vez al estar en presencia de delitos de carácter consumados, les asiste la obligación legal de denunciar en el plazo de 24 horas, una vez tomado conocimiento de aquello”. “Es del caso que pese a tener el deber legal, este querellado, no ha ejecutado las medidas tendientes a enmendarlos ni a promover la persecución penal de los mismos”.
Otros de los requeridos por presuntas responsabilidades es el actual alcalde de la comuna de La Ligua, Patricio Pallares y todo el concejo municipal. A ellos les asisten los “deberes legales que cumplir, como adoptar medidas tendientes a evitar la comisión de los delitos denunciados y a su vez al estar en presencia de delitos de carácter consumados, les asiste la obligación legal de denunciar en el plazo de 24 horas, una vez tomado conocimiento de aquello” responsabilidad que no habrían cumplido según la denuncia. Junto a ello se indica que todas las actuales autoridades municipales “utilizaron como insumo de campaña política para llegar al cargo que hoy ejercen, los hechos denunciados, pese a ello no han ejecutado las medidas tendientes a enmendarlos ni a promover la persecución penal de los mismos”.
Según el requerimiento jurídico “los hechos denunciados revisten carácter de delitos y han alterado la seguridad y la vida, integridad física y psíquica de los habitantes de la Localidad Los Molles, de la Comuna de La Ligua, Provincia de Petorca”. Además, se sostiene que “frente a la escasez hídrica le privan derechamente el acceso al derecho humano del agua, dado que se está aumentando el número de habitantes de manera ilegal con quien deben compartir lo poco de agua con la que cuentan”.
El querellante en la causa, Armando Castillo Riquelme, indica en el texto “Que, del análisis de los antecedentes, recorrido en la localidad Los Molles, no cabe más que concluir que las autoridades querelladas en estos autos, se han concertado para permitir la comisión de delitos por parte de particulares y no han arbitrado los medios tendientes a evitar tal comisión, propiciando la comisión e impunidad con sus conductas omisivas y delictivas. De acuerdo a lo expuesto precedentemente esta querellante estima fundadamente que nos encontramos en los presupuestos legales demandados en los articulo 292 y 293 del Código Penal”.
