Con fecha 24 de abril del año en curso, la Contraloría General de la República entregó su parecer ante el requerimiento de parte del Concejo Municipal de La Ligua, que denuncio el cobro de forma irregular de estacionamientos durante la temporada del verano 2022 en el balneario de Los Molles. Los recurrentes ante el órgano contralor fueron los ediles Blanca Rojas, Erwin Olmos Palacios, Óscar Belmar Sánchez, Mauricio Díaz Cancino y Andrés Soza Reinoso.
Los cinco concejales acusaron “una falta de fiscalización por parte de la Municipalidad de Ligua, quien estando en conocimiento de los cobros irregulares, no adoptó ninguna medida al respecto, vulnerando con ello los artículos 5, letra c); 8° y 13, letra d), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades como también al inciso segundo del artículo 14 de la Ordenanza Local para los balnearios de Los Molles y Pichicuy, contenida en el decreto alcaldicio N° 7.751, de 2018, que establece que los permisos para estacionamientos para vehículos particulares serán administrados a través de permisos o concesiones, generando además un daño al patrimonio de la entidad, ya que la citada junta de vecinos no ha ingresado dineros por ese concepto”, indica el dictamen de la Contraloría.
La denuncia llevada a la Contraloría fue acompañada de pruebas que demuestran el cobro de dicho servicio, tales como “comprobantes de pago con el timbre de la Junta de Vecinos “Los Molles” cursados en el año 2022”, además de “un video con declaraciones que habría vertido su presidente, don Armando Castillo Riquelme, con fecha 11 de diciembre de 2022, en el programa radial “Campanazo Dominical”, de Radio Dulce, en la cual reconoce contar con la suma de $5.000.000 obtenida de la recaudación por concepto de estacionamientos en Los Molles”, imágenes aportadas por una persona cuya identidad fue reservada.
El texto de Contraloría precisa que “en cuanto a la falta de fiscalización, la Municipalidad de La Ligua en su respuesta adjunta diversas diligencias realizadas con ocasión de denuncias de construcciones irregulares o peticiones de permisos sobre un bien nacional de uso público en la localidad de Los Molles, sin que conste que se hayan efectuado acciones relacionadas directamente con el hecho denunciado”.
Analizados los antecedentes, el ente contralor indicó que “corresponde que esa entidad edilicia (refiriéndose al municipio liguano) instruya un procedimiento sumarial con objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la falta de fiscalización en la materia de que se trata”. En el dictamen se obliga a la Municipalidad a “remitir copia del decreto que lo inicie a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía, de la Contraloría General de la República, en el plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio”.
Concejales van a Tribunales
Los cinco concejales recurrentes indicaron que actuaron bajo la facultad constitucional y el rol fiscalizador que les compete a los ediles, además de la petición que la misma comunidad les hizo, llevaron el caso a Contraloría, la cual, a juicio de ellos, les dio la razón en lo reclamado. Por dicho motivo y con dictamen en mano, el día 3 mayo de 2023 presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, para que el ente persecutor investigue el caso constituye una malversación de “fondos públicos, fraude o apropiación indebida”.