Buscando solucionar un tema práctico, derivado de las limitaciones ocasionadas por la pandemia, se presentó un proyecto de ley en la Cámara que prorrogará la vigencia de las licencias de conducir, en línea con otras propuestas ya implementadas anteriormente.
La iniciativa se despachó, en primer trámite, el 17 de mayo pasado. Ayer, se analizó de acuerdo con las modificaciones planteadas por es el Senado, que se respaldaron en su conjunto. Con ello, quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.
A diferencia del texto de la Cámara, el del Senado no realiza una extensión de la vigencia al conjunto de licencias hasta el 2024, sino que especifica dos grupos. Tampoco exige la entrega de un certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos de idoneidad física y síquica que demanda la Ley de Tránsito. Solo alude a las normas de dicho cuerpo legal que refieren a dichas exigencias.
Por último, en atención a las modificaciones hechas, se enmienda el nombre de esta ley. De tal forma, la propuesta pasa a identificarse como la que “modifica la Ley 18.290, de Tránsito, para habilitar una prórroga progresiva en la renovación de las licencias de conducir”.
De la prórroga de la vigencia
El proyecto prorrogará la vigencia de las licencias de conducir, por dos años, contados desde la fecha de vencimiento consignada en el documento, para aquellos documentos cuyo control correspondía realizarlo originalmente durante el año 2022.
Luego, prorroga por un año, contado desde la fecha de vencimiento consignada en el documento, la vigencia de todas las licencias de conductor cuyo control corresponde realizarse originalmente durante los años 2023 y 2024.
Seguidamente, explicita que las licencias no profesionales clase B, C o especiales, cuyo control corresponda realizar originalmente durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, se renovarán por el plazo que resta conforme lo establecido en el artículo 19, contado desde la fecha de vencimiento consignada en el documento.
Cabe mencionar que tal disposición indica, entre otros puntos, que los conductores, deberán cumplir con los requisitos de idoneidad moral, física y síquica.
Por último, señala el caso de las licencias profesionales. También, respecto de aquellas que se entregan en forma especial a quienes no cumplen a cabalidad con las aptitudes físicas o psíquicas (art. 22). En tales casos, la renovación se otorgará por el término que corresponda de acuerdo a las reglas generales.
Fundamentos y debate
En los antecedentes se explica que los municipios no tienen capacidad para enfrentar la renovación de todas las licencias de conducir de los últimos años. Estas se vienen acumulando por efecto de la pandemia y la Leyes 21.222, 21.313 y 21.428, que prorrogaron su vigencia en 2020, 2021 y 2022.
Se calcula que el 50% de las licencias clases B y C y el 75% de las licencias clase A deberían renovarse en 2023. Esto implica un aumento que supera el 300% de atenciones anuales en cada municipio.
Estas consideraciones también fueron expuestas en el debate donde intervinieron los diputados Miguel Mellado (RN), Felipe Donoso (UDI), Héctor Barría (DC) y Juan Carlos Beltrán. Todos coincidieron en la necesidad de avanzar en el tema y dar una solución a los 800 mil chilenos que esperan renovar su licencia de conducir.
Igualmente, se estimó que se pudo tramitar con mayor celeridad sobre el problema y se llamó a considerar el tema de fondo. Así, se planteó la necesidad de abordar otras vías de examinación, además de las municipalidades.
Por el Ejecutivo habló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Explicó los cambios promovidos en el Senado, los que dijo se consensuaron con las propias municipalidades. Acotó que la fórmula original no solo postergaba el problema para 2024, sino que lo aumentaba.
La nueva norma permite, por el contrario, acumular un máximo anual de dos renovaciones. Además, prevé una vía para que el flujo vuelva a cánones previos a la pandemia.
Y sobre el certificado, acotó que se estimó que iba a provocar un mercado alternativo, junto con otros problemas.
Fuente: Cámara de Diputados y Diputadas
