Asimismo, ordena al infractor restablecer el cauce a su condición natural en un plazo de 30 días, para lo cual deberá presentar un proyecto que cumpla con la normativa DGA.
La Dirección Regional de Aguas del MOP Valparaíso resolvió multar por un total de 1.706 UTM ($107.966.217 aproximadamente) a Rodrigo Fabres Zavala, por tres obras no autorizadas en quebradas naturales que entorpecen el libre escurrimiento de las aguas y ponen en riesgo a la población aledaña.
El proceso de fiscalización ejecutado por la DGA Valparaíso, se originó luego que en diciembre de 2021 la Dirección de Obras Municipales de la municipalidad de La Ligua oficiara al Servicio MOP denunciando intervenciones en quebradas ubicadas en el sector El Mirador, comuna de La Ligua, provincia de Petorca, y señalando como presunto responsable a Fabres Zavala.
Al respecto, el director regional de Aguas, Camilo Mansilla, explicó que la fiscalización se realizó en 3 quebradas inspeccionando 17 puntos en total, constatando modificaciones de cauce. En la primera quebrada se detectaron 4 rellenos para paso vehicular, entorpeciendo el tránsito de las aguas con el consiguiente peligro para la población ubicada en 7 puntos cercanos.
En la segunda quebrada, también se verificó la existencia de un relleno para el flujo vehicular y 4 encauzamientos (una reducción de la quebrada y 3 entubamientos de pasos vehiculares), afectando el escurrimiento de las aguas y poniendo en peligro a las personas que habitan otros 7 puntos inspeccionados.
Por último, en la tercera quebrada, junto con un atravieso vehicular situado entre 2 puntos examinados, se halló una tubería de concreto que reduce el cauce natural de esta cañada. Agregó que para las infracciones al Código de Aguas en cada una de las 3 quebradas se aplicó una multa de 568,875 UTM ($35.988.739), sumando una sanción a beneficio fiscal de 1.706,625 UTM ($107.966.217), y que el infractor tiene un plazo de 30 días para retirar las obras que afectan el curso de las aguas y restablecer el cauce a su condición natural, debiendo presentar un proyecto de acuerdo al reglamento constructivo de la DGA.
Mansilla sostuvo que, durante el proceso el sujeto fiscalizado solicitó prórroga para presentar sus descargos. Entre sus argumentos, Fabres reconoció haber loteado el terreno y transferido los predios a terceros, sostuvo además que la acusación no tiene respaldo técnico y que dichas intervenciones no son de su autoría y al mismo tiempo que no requieren de un permiso de modificación de cauce. Ante lo expuesto, la DGA solicitó ciertas diligencias probatorias al eventual infractor, como presentar la documentación que acredite que las obras de modificación de cauce constatadas por la DGA no fueron de responsabilidad de Fabres Zavala, y los planos de fusión y subdivisión mencionados en los descargos, o bien, información que acreditara quiénes son los respectivos titulares de los terrenos loteados al 29 de diciembre de 2021, cuando la DGA constató las modificaciones de cauce.
Una vez revisados los nuevos antecedentes y realizada una modelación digital de elevación de la cuenca donde se hallaron las obras no autorizadas en cauces (rellenos, encauzamientos y abovedamientos); analizada la cartografía digital del Servicio de Impuestos Internos; identificado que desde el 2016, 14 de 34 parcelas del terreno subdividido han sido transferidas por Fabres; y comprobado por medio del análisis de imágenes históricas del sector El Mirador que las labores de modificación y adecuación del terreno para las parcelaciones comenzaron en 2019, acentuándose en 2020 y ejecutándose a la fecha, son parte de las pruebas que permitieron a la DGA concluir que Fabres Valenzuela es el responsable material de las obras de modificación de cauce.
