Durante el viernes 25 de agosto, la diputada María Francisca Bello, junto a Miguel Villarroel, del Sindicato Pescadores Los Molles, se reunieron en dependencias de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas con Galo Eidelstein, subsecretario de la cartera, para hablar sobre el grave conflicto en torno a la delimitación de la zona costera, que ve amenazado su desarrollo productivo, económico, social y turístico gracias a la acción de las inmobiliarias.
En la década de los 90, la Armada otorgó una concesión marítima menor para el uso del borde costero en Los Molles, destinada a las actividades propias del sindicato de pescadores y la administración de la caleta. Sin embargo, una preocupante situación ha surgido desde entonces, con consecuencias que podrían impactar negativamente en la comunidad y su entorno.
El problema radica en un estudio llevado a cabo en el año 2002, en el que la inmobiliaria Lilen trazó nuevas limitaciones para la alta marea en Los Molles. Este estudio ha sido empleado mediante argucias legales para reclamar como propiedad privada una extensión que engloba elementos de vital importancia para la comunidad local y el medio ambiente.
Esta reclamación abarca áreas tan valiosas como humedales, playas y tramos de mar, poniendo en peligro no solo el patrimonio natural sino también los intereses públicos y el acceso a estos recursos.
Al respecto, la diputada Bello se sumó al debate y en un paso hacia la resolución de la problemática se reunió junto a representantes de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y dirigentes pescadores de Los Molles para conocer más detalles al respecto de las delimitaciones de alta marea, pieza clave en el conflicto.
“Necesitamos que el Estado asuma un compromiso sólido en la defensa de los intereses territoriales, incluyendo la protección del mar, las playas de acceso público y los humedales, en cumplimiento de las leyes que los resguardan” comentó la diputada al respecto de las conclusiones de la reunión.
“La preservación de Los Molles como un activo patrimonial y ambiental es una responsabilidad compartida. La comunidad, las autoridades y la sociedad en su conjunto deben unirse para asegurar que este enclave mantenga su riqueza natural y cultural, y siga siendo un lugar de prosperidad y disfrute para las generaciones presentes y futuras” concluyó.