Detectives de las Brigadas Investigadoras de Robos Los Andes y Valparaíso de la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con SACFI del Ministerio Público, lograron la detención de seis personas por su participación en el robo con violencia e intimidación que afectó al Alcalde de Zapallar en julio del presente año.
Mediante el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial , los oficiales de la PDI pudieron establecer que la organización delictual operaba en diversas comunas de la región, utilizando armas de fuego y extrema violencia para intimidar a sus víctimas y que serían los autores de una serie de delitos de similares características.
El operativo, que incluyeron órdenes de entrada y registro para 11 inmuebles, permitieron recuperar diferentes especies, entre las que destaca un automóvil, computadores, televisores, instrumentos musicales, equipos topográficos, joyas, relojes, herramientas de irrupción, artículos deportivos, amplificadores, llaves de vehículos y equipos de telefonía.
Además, como parte de las diligencias policiales fueron incautados dos rifles, dos pistolas, munición de diversos calibres, las que serán periciadas por el Laboratorio de Criminalística Regional y droga.
En tanto, el Juzgado de Garantía de La Ligua decretó este lunes 16 de octubre, medidas cautelares diversas a seis imputados, tres hombres y tres mujeres, por el Ministerio Público como autores del delito en el robo con violencia e intimidación en casa del alcalde de Zapallar, registrada en julio pasado, así como de otros delitos cometidos en la zona.
En audiencia de formalización, el magistrado Nelson Fernández acogió la solicitud del ente persecutor y decretó la prisión preventiva para los tres imputados tomando en cuenta la pluralidad de los delitos imputados, la pena asociada a los delitos y el actuar en grupo o pandilla, además de considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad.
El magistrado Fernández dio orden de ingreso inmediato de los imputados al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota y fijó en 150 días el plazo de investigación.
En tanto, respecto a las tres imputadas por varios delitos de receptación, el magistrado decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en la unidad policial más cercana.